El laissez faire de la política de Defensa de Chile durante los gobiernos democráticos en la Guerra Fría






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Rubén Valencia M.
ruevalm.blogspot.com
@ruevalm



1.- Introducción. 

  El conflicto ideológico producido tras el término de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo como protagonistas a las dos potencias victoriosas del conflicto que terminaba, generó la división del mundo en dos bloques, lo cual conllevó serias consecuencias en la política interna de las naciones. Entre la serie de secuelas del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, está todo lo concerniente en materia de Defensa. Área del Estado que por uno u otro motivo no contó con la preocupación de los mandos civiles de la época, dicho sector terminó siendo la punta de lanza de todo un pensamiento que con el tiempo se fue enquistando en las diversas ramas de las Fuerzas Armadas.
  La relación diplomática de Latinoamérica con la potencia más cercana, y particularmente Chile, fue uno de los puntos centrales en la posibilidad de que esta introdujera las diversas lógicas que predominaron en la segunda mitad del siglo XX. Es en este particular caso que una deficiente política de Defensa frente a las relaciones e influencias internacionales, significó el pilar por el cual, el desmoronamiento del sistema político se hizo posible. 


2.- El contexto de la Guerra Fría. 

  “La Doctrina de Seguridad Nacional redefinió los roles de las fuerzas militares en función de la polaridad este-oeste que se vivía fundamentalmente en Europa Oriental, Asia y, en los sesenta, África. Los militares latinoamericanos deberían estar preparados para la defensa continental y de la seguridad interior de cada país, entregándoles la misión de mantener la unidad nacional ante cualquier peligro de disgregación.”[1]
  La Doctrina de Seguridad Nacional atendía, a diferencia de los paradigmas estratégicos de defensa vecinales, a la existencia tanto de un enemigo externo como interno. La seguridad interior de la Nación es bajo esta concepción, el campo de batalla en la cual las ideologías foráneas, al servicio de una potencia hostil, intentan imponerse a expensas de los objetivos nacionales[2]. En dicho campo el enemigo de inspiración foránea es considerado, según esta ideología, como un extranjero, producto de que carece del sentido de Patria e identidad nacional, característica de todo ciudadano, por lo que su labor es pervertir política y moralmente a la sociedad, lo cual desembocaría en la destrucción del Estado y la disolución de la Nación. El sistema político democrático, en consecuencia, sería incapaz de sobreponerse a tal crisis, por lo que la sociedad en su conjunto debe identificar y neutralizar sin mayores contemplaciones a dicho enemigo, bajo lógicas que contradicen absolutamente a dicho régimen político. 
  El sistema democrático, bajo esta concepción, es débil y permisivo ya que permite el desarrollo del germen del enemigo interno. Por ello, bajo la perspectiva militar, la democracia no puede ser un impedimento del actuar de las Fuerzas Armadas, producto de que lo que está en juego es la sobrevivencia de la Nación misma. Su carácter totalmente antidemocrático, necesita necesariamente estar recubierto con un manto de legalidad, lo cual en el caso chileno sería proporcionado por una Constitución Política ad hoc,  y un ordenamiento jurídico funcional a tales propósitos. 


3.- La lógica de la "Defensa Hemisférica" y el rol de Chile. 

  Bajo el contexto de la Guerra Fría, el rol de la Defensa Nacional se fundamento en una doble política, aunque no declarada ni oficializada, coincidió en las necesidades del momento tanto de las Fuerzas Armadas como las de los gobiernos de turno. La política oficial del Estado en materias de Defensa quedó plasmada en una continua ignorancia de los cambios que se iban produciendo en las Fuerzas Armadas tras el término de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo orden mundial significó, como hemos visto, un cambio en los paradigmas internacionales, paradigmas que fueron asimilados con mayor celeridad por las ramas castrenses que por la dirigencia política, siendo estos últimos pragmáticos en cuanto a la adaptación de sus políticas de acuerdo a los nuevos centros de poder, pero que como cambio ideológico de los actores políticos nacionales, sólo se vio reflejado con la real posibilidad de la ascensión de la izquierda a la Presidencia de la República. Este comportamiento significó moldearse a la coyuntura y no tomar las providencias a la  magnitud de los espacios abiertos a la injerencia en asuntos internos de Estados Unidos. 
  Suscrito el Pacto de Ayuda Mutua por Carlos Ibáñez del Campo en 1952, Chile recibió un constante flujo de material bélico y entrenamiento bajo precios subvencionados. Producto de esto, se generó una dependencia en el campo de la Defensa, y una profunda y cada vez más importante influencia de las doctrinas militares estadounidenses, enfocadas principalmente hacia la Defensa Hemisférica y la guerra antisubversiva. Esta influencia se dio bajo el contexto de las relaciones con Estados Unidos, la participación en el sistema interamericano y las relaciones vecinales. Por lo anterior, la política de Defensa debió subsanar una serie de falencias en pro de cumplir los requerimientos del Estado frente a los hechos internacionales y vecinales. La forma de suplir estas carencias tuvo como respuesta el hipotecar la seguridad militar de Chile bajo la tutela de Estados Unidos. En unos cuantos años, Chile se incorporaría al sistema de Defensa creado por Estados Unidos en Latinoamérica. 
  Para el cuestionado Emilio Meneses, la dependencia militar de Estados Unidos se gesto en la sucesión de gobiernos del Frente Popular y radicales, los que buscaron hacer a Chile más dependiente de los Estados Unidos, militar y económicamente, con el propósito de financiar sus proyectos de desarrollo y obtener con esto la estabilidad política necesaria para mantenerse en el poder.[3]
  La condicionante para recibir los beneficios de Washington, en cuanto a la transferencia del necesario material bélico a los países del continente, pasaba necesariamente por el alineamiento político estratégico de los mismos. Con el tratado de Río de Janeiro de 1947 (TIAR), se logró el objetivo estadounidense de alienar bajo los parámetros de la Defensa Occidental a Latinoamérica. Generando con ello, paralelamente, el control monopólico de armamento de los países del continente. Las demostraciones de pleitesía no se hicieron esperar, la expulsión del Partido Comunista del gobierno de González Videla y la posterior proscripción del mismo, terminarían por sellar la entrega de Chile a las directrices de Washington. Esto se verá traducido en una constante ayuda económica con el fin de sostener los gobiernos posteriores como un ejemplo al resto de los países del continente. Producto de esto, una posible agresión contra Chile por parte de sus vecinos produciría una intervención inmediata de Estados Unidos, lo cual facilitaría al gobierno chileno dilatar una situación de crisis hasta que se concretara la intervención de Washington. 
  Una de las constantes críticas de los militares a los gobiernos civiles anteriores a 1973, radicaba en el desmedro del Ejército en materia de equipamiento en comparación con la rama naval. Enmarcado esto dentro del proceso de distanciamiento producido por la dirigencia política tras las asonadas golpistas de los años veinte, lo cual provocó que se mirara con recelo todo mejoramiento de las ramas castrenses, principalmente del Ejército y la Armada. 
  En tal dirección es posible apreciar dos posiciones al respecto; por una parte, Gonzalo Vial señala que esto se debería a que en un caso de conflicto con Argentina, la Marina se llevaría el mayor peso, por lo menos en el comienzo, de las hostilidades, lo cual habría quedado de manifiesto a partir del incidente del Islote Snipe en 1958. En cambio, en la obra de Verónica Valdivia, se señala que esto tendría como explicación la idea de Lyndon Johnson, de que en un eventual conflicto nuclear, las ramas más útiles, dadas sus especialidades, serían las aéreas y navales, no así los ejércitos, de ahí la razón de las Operaciones UNITAS, el TIAR y el PAM, todo esto bajo el concepto de la seguridad continental. Creo, sin embargo, que se dieron paralelamente ambos criterios, sólo que uno fue tomado por el mundo civil y el otro por el castrense. Sobre la base del casi total desconocimiento del mundo militar por el mundo político y ciudadano, es difícil pensar que estos últimos estuvieran conscientes de un conflicto nuclear, y de la participación que le cabría a nuestro país en éste, de ahí que continuaran con una concepción de defensa tradicional, reforzado esto por el incidente del Islote Snipe. Mientras que las ramas castrenses solicitarían dicho material bajo los criterios estadounidenses del posible conflicto con la Unión Soviética y sus aliados. Si bien, es posible afirmar, como señala Meneses, que la doctrina militar desde los gobiernos civiles era vecinalmente defensiva y políticamente hemisférica, dudo que se tuviera conciencia por parte de la civilidad de la dualidad de criterios en materia de adquisición de material bélico, sobre todo cuando dichas adquisiciones iban acompañadas de un adoctrinamiento ideológico, de ahí que sistemáticamente los gobiernos democráticos erraran al no percatarse de que la oficialidad las Fuerzas Armadas estaban en un complejo proceso de ideologización en lo que se denominó Doctrina de Seguridad Nacional. Dicho error por parte de la clase política y civilidad se pagaría con el quiebre democrático de 1973. 
  Al momento del Golpe según lo señalado por Verónica Valdivia[4], concurrían en el interior de las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército y la Fuerza Aérea, dos segmentos. Existía una fracción para la cual el anticomunismo era lo central, ya que su análisis se desprendía del marco que le proporcionaba la Guerra Fría y, paralelamente, estaban fuertemente influenciados por las teorías de la Seguridad Nacional, especialmente en lo relativo al Enemigo Interno. Paralelamente, un segundo segmento se identificaba más con la idea de la reforma económica y social como mecanismo para neutralizar el atractivo del marxismo, promoviendo un desarrollo amplio en diversas áreas para evitar la revolución. A pesar de esta diferenciación, ambos segmentos compartían una visión similar con respecto a la cuestión sindical. Reconocían el derecho de los trabajadores a organizarse, defender sus derechos sociales y laborales, por lo que en general no eran contrarios al uso de la huelga como último recurso, porque en la mayoría de los casos eran causas justas. El problema a su entender, estaba en la intromisión de intereses políticos dentro del movimiento obrero organizado, el cual había ido distorsionando el sentido esencialmente reivindicativo que los militares reconocían en los sindicatos. El actuar del gobierno democratacristiano en el plano social fue percibido como proselitismo y responsable, en parte, de la politización de pobladores, campesinos y obreros. La Unidad Popular agregó la amplia movilización social, las tomas y la proliferación de discursos tendientes a producir la lucha armada no sólo en los trabajadores, sino que también con el fin de propiciar la desobediencia de los bajos escalafones castrenses. Todo esto contribuyó a la acentuación en algunos oficiales las posturas autoritarias y excluyentes; en otros (la gran mayoría de la oficialidad) de la necesidad de re-despolitizar el movimiento sindical, tal como lo había hecho en los años veinte la antigua generación castrense. Derechos sociales y laborales, sí, pero sin infiltración marxista; sino entidades con orientaciones sólo reivindicativas. Complementando lo anterior, existe un elemento común en ambos sectores, y este es su conocimiento y utilización de los criterios proporcionados por la Geopolítica, lo cual explicaría la continuidad de ambos sectores en la creencia de un rol activo del Estado en materia económica, creo que en este punto es posible encontrar la influencia estatista que Verónica Valdivia no logra reconocer en la segunda mitad del siglo XX, y que le da la continuidad al pensamiento militar estatista hasta la pugna con los neoliberales a mediados de la década de los setenta.
  Desde otro plano, si utilizamos la Geopolítica como herramienta de análisis, fundamentalmente en lo que dice relación con la cercanía o lejanía de los Estados más y menos poderosos. Nos encontramos que de estos últimos sólo se recibirían beneficios, mientras que de los primeros se correría el peligro de ser absorbidos o intervenidos, transformándose con esto en satélites. Esta situación tendría mayor posibilidad cuando no se interpone un obstáculo que dificulte el contacto. 
  En otras circunstancias el Estado más poderoso asfixiaría al más débil, ya sea en lo económico o en lo político. “En lo económico porque se constituye en el proveedor de los artículos manufacturados, impidiendo, en consecuencia, su desarrollo industrial que no puede competir con una producción que, al ser elaborada en mayor escala, lógicamente tiene un menor costo, o bien, acapara todas aquellas materias primas que él necesita y si el Estado es más débil y no las posee tampoco se las proporciona. 
  En lo político influye porque el Estado más poderoso, con una mayor potencia militar, respalda sus resoluciones con la sola presencia de la fuerza y, en consecuencia, el efecto de sus decisiones en el más débil es mayor; jamás un Estado más débil podrá tomar una iniciativa basándose en la fuerza. Este hecho le resta autonomía, que a la larga le significa entrar en la órbita política del más fuerte. De este modo, los Estados más fuertes van aumentando sus esferas de influencia.”[5]
  La incongruencia militar queda de manifiesto al no rechazar la influencia que la Doctrina de Seguridad Nacional estaba haciendo en sus filas, sin embargo, es posible explicar dicho comportamiento por un muchas veces pragmatismo discursivo, y el de la adecuación de los mismos en pro de conseguir sus fines tanto particulares como de cuerpo.
  Paralelamente, si se realiza un análisis de la situación de Chile en el contexto internacional con este antecedente, necesariamente se tendría que concluir que la posibilidad de una dependencia de nuestro país, o la transformación de éste en un satélite de la Unión Soviética era casi imposible. Esto en gran medida, a que estaba claro de que a partir de la Guerra Fría, las naciones latinoamericanas estaban por su cercanía geográfica condenadas a ser satélites de Estados Unidos. La intervención norteamericana en territorio nacional, sólo sería una reafirmación de que Chile ya era un país satélite, y que por ende, lo señalado en cuanto a que Allende pretendía transformar a Chile en un satélite soviético carecería de todo sustento. 
  Por otra parte, el triunfo de Allende tomó por sorpresa a los responsables de la política exterior soviética. Según el informe de la delegación soviética que asiste a la transmisión de mando en Chile en Noviembre de 1970, Luís Corvalán reprochó a los delegados soviéticos el no haber creído en el triunfo de Allende y no tener, por lo tanto, proyectos reales de cooperación económica con el nuevo régimen chileno. 
  El rol de la Unión Soviética en Chile fue casi nulo, producto de que se encontraba fuera de su esfera de influencia. “La URSS se hallaba empeñada en una política de coexistencia pacífica con los EE.UU., cuyos resultados no estaba dispuesta a arriesgar en aras de los acontecimientos que ocurrían en una nación lejana y pequeña. Más aún cuando la vía chilena era la heterodoxia misma e, implícitamente, cuestionaba el modelo soviético. Salvador Allende, en efecto, era un Dubcek, cuyas concepciones sobre un socialismo sin dictadura del proletariado y con libertades políticas incluso para la oposición, eran vistas como inviables por la ortodoxia de Moscú. Cuba, por su parte, que a través de su revolución había amenazado la hegemonía norteamericana en la región, carecía de suficiente fuerza como para influir en los asuntos chilenos (como no fuese a través de cierto ideologismo que había permeado esencialmente al PS y al MIR) y que, de hecho, más allá de cualquier formalidad, enfrentaba la hostilidad del PC.”[6] Según lo señalado por Olga Uliánova, desde el punto de vista ideológico, el problema se centra en el carácter de la revolución chilena, y el encasillamiento del gobierno de la Unidad Popular en alguna de las siguientes categorías de Estados: países socialistas, países de orientación socialista, países progresistas antiimperialistas, etc., hasta llegar a la categoría capitalista e imperialista. En tal sentido, Brezhnev señala en 1971 que Chile no es una revolución, sino que es parte de un proceso revolucionario.[7]
  Por lo anterior, no existía un contrapeso ideológico a la influencia estadounidense en Chile en materia económica o política, a su vez que la única potencia que estaba en condiciones de hacerlo, tampoco le interesaba. Es así como la diplomacia chilena encabezada por su Presidente de la República, aplicó una política de laissez faire con respecto de Estados Unidos, lo cual quedó demostrado en los intentos de Salvador Allende de denunciar dicha intromisión (aceptada por una amplia mayoría de nuestros políticos), a la comunidad internacional, como lo fue en su discurso ante las Naciones Unidas en 1972. Posteriormente dicha intromisión en la política interna nacional, quedará plasmado en el informe de la comisión Church, en  el cual se puede apreciar el rol de actor político activo de Estados Unidos en nuestro país.


4.- Algunos comentarios. 

 En retrospectiva podemos ver que durante el siglo XX, Chile no enfrentó ningún conflicto bélico internacional, sin embargo, las naciones desarrolladas europeas se desangraron en dos conflictos de carácter mundial, regímenes de carácter dictatorial (Hitler en Alemania, la Francia del General De Gaulle), las antiguas naciones imperiales se desintegraron (Francia e Inglaterra por ejemplo). El cuasi conflicto atómico producto de la Crisis de los Misiles de Cuba (1962). Por su parte, Estados Unidos se involucró en las dos guerras mundiales, la Guerra de Korea (1950-1953), la Guerra de Vietnam (1965-1975), sufrió una serie de conflictos internos con costos humanos y políticos considerables (los asesinatos del Presidente Kennedy en 1963 y Martin Luther King en 1968). Entre 1965 y 1967 el descontento de la población negra estalló en grandes disturbios urbanos, los cuales se incrementaron tras el asesinato de Luther King. 
  Chile, en cambio, más allá de tener que resolver discusiones domesticas de gran importancia, pero insignificantes e irrelevantes en comparación con lo que ocurría en el mundo, particularmente en los países del llamado primer mundo, demuestra que a pesar de lo que constantemente se señala, nuestro país vivió un clima de paz y tranquilidad mucho mayor del que disfrutaron los países involucrados directamente en la Guerra Fría. Incluso los peores momentos del mandato de Allende, no se comparan con los levantamientos indígenas de los años 60 en Estados Unidos, que significó la entrada de la Guardia Civil y el Ejército a las reservaciones indígenas, con una cuota de muertos bastante considerable. 
  Paralelamente, y en ésta misma dirección, Eric Hobsbawm, señala que la caza de brujas en Estados Unidos durante los primeros años de la Guerra Fría, no fue propiciada por el Gobierno, sino que por demagogos insignificantes, como Joseph McCarthy, que descubrieron el potencial político de la denuncia a gran escala del enemigo interior, es por este factor que la democracia, era (o es), de cierta manera, el factor más peligroso.[8]
  Sin embargo, a diferencia de un político que necesita de los votos de los electores, las Fuerzas Armadas chilenas no son un modelo de democracia, entonces ¿por qué un sector de la oficialidad se sumó a dicho discurso, si su carrera no dependía de sus subalternos, a los cuales podríamos identificar, análogamente, como votantes?, ¿si la clase política no asumió este discurso, sino años después de que estas concepciones se introdujeran en las Fuerzas Armadas nacionales, sin olvidar que ésta postura era una abierta crítica ha quienes eran responsables de su propia carrera militar, es decir, los civiles?. Al analizar a los miembros del Ejército que introdujeron las concepciones de contrainsurgencia, y que posteriormente estuvieron relacionados en crímenes durante la dictadura militar, tenemos un gran número de elementos graduados de la US Army School of the Americas. Producto de los estudios desarrollados por miembros del Ejército en dicha institución, es posible pensar que se dio un doble sentido de pertenencia. Es decir, lograron incorporar para si la representación, esto es, la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia que, aunque sea una ilusión, tiene una existencia material, real. Constituyendo una representación determinada del mundo, la que en el caso particular, fue la de los soldados norteamericanos derrotados en Vietnam. La US Army School of the Americas, fue la revancha de los militares vencidos en dicho conflicto, de ahí el doble compromiso, por una parte, ganar un tipo de guerra que Estados Unidos perdió y, por otro, lograr imponer en el interior del Ejército y la sociedad chilena su nueva representación de mundo. 
  Luís Valentín Ferrada, abogado del asesino condenado Brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, señaló ante la Corte Suprema, que el Estado no está en capacidad de juzgar acciones que sus mismas instituciones enseñaron, señalando que el Ejército instruyó a sus jóvenes oficiales a torturar y eliminar prisioneros antes del Golpe de 1973, por lo que después de esa fecha solamente obedecieron órdenes y aplicaron lo aprendido. Con esto se contradice la tesis de los generales procesados, la cual señala que las acciones de sus subalternos fueron excesos. 
  Según el abogado Valentín Ferrada, los instructivos entregados a la Corte Suprema, “demuestran como el Estado de Chile, de manera sistemática de los años 55 aproximadamente, es decir, gobiernos de Ibáñez del Campo, Alessandri Rodríguez, Frei Montalva, el doctor Allende, el General Pinochet, y después creo yo también, vino sistemáticamente, instruyendo, preparando, adiestrando, educando, a los soldados chilenos, no solo a los oficiales, a los soldados chilenos, para, en distintos grados por supuesto, para actuar, exactamente de la manera que este Estado hoy día erigido juez, quiere decir que es delito. 
... este es el caso del Estado que primero enseña, como bueno hacer, que distingue, porque condecoraban por hacer esto bien y mejor, que envía a nuestros soldados a Panamá, para aprender esto más y mejor, que los envía a Brasil, en los años 60 en fin, para aprender esto más y mejor, yo creo que bajo el amparo de una potencia extranjera muy poderosa a todo esto... y esta gente así preparada, así formada, así instruida, con platas fiscales, en instituciones fiscales, con profesores fiscales, en un Estado hipócrita como es el nuestro... bajo todos los gobiernos democráticos anteriores, estos no son instrumentos producidos bajo el gobierno del General Pinochet, entonces aquí han habido muchos Presidentes, en consecuencia, generalísimos de las Fuerzas Armadas que supieron esto, muchos Ministros de Defensa, muchos Presidentes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, muchos Presidentes de la Comisión de Defensa del Senado, pero claro, ahora como aúna una derecha bastante miserable ya nadie conoce a ningún militar... fueron ministros de Estado, embajadores, algunos se enriquecieron en una generación, lo que sus antepasados no habían conseguido en cinco o seis, gracias al gobierno militar... pero ahora ya nadie conoce a los tenientes, a los coroneles, porque nuestra derecha es miserable, miserable hipócrita. 
...el General Prats conocía de esto, el General Schneider conocía de esto... estas son políticas de Estado... todas las técnicas y las instrucciones sobre las formas de interrogar prisioneros, lo que se llama en estos reglamentos los tanteos... al año 1973, 74, 75, cuando se cometen los delitos que hoy día se investigan, pues todo eso estaba absolutamente vigente.”[9]
  Según lo señalado por Luís Valentín Ferrada, a partir de 1954, y producto de la fuerte influencia norteamericana en las Fuerzas Armadas, derivada del Pacto de Ayuda Militar, se introdujo en Chile una nueva política de Defensa. Extendiéndose la misión de la Guerra Convencional al campo de la Guerra Irregular. Sosteniendo que cuando el Estado chileno adoptó esta decisión, excluyó expresamente a los dos últimos Convenios de Ginebra para que quedaran exentas de sus limitaciones. Dado éste paso, se crearon los cuerpos de Comandos como unidades de élite del Ejército, completando su perfeccionamiento en Panamá, Brasil, Honduras y Estados Unidos[10]. 
  La política interna de nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX, estuvo condicionada por el enfrentamiento ideológico de las dos potencias existentes a ese momento. Sin embargo, el deficiente manejo de las relaciones internacionales en el área de la Defensa, es un ejemplo de lo que puede llegar a generar un mal manejo de políticas que tienen directa repercusión en la situación interna de nuestro país. Algo que puede parecer tan ajeno para gran parte de la población, como las políticas de Defensa, generó las condiciones para que junto con otros factores históricos e internacionales, desmoronaran el régimen político nacional. 
  Si bien los cuestionamientos de Valentín Ferrada son políticamente incorrectos, se hace necesario, desde la disciplina histórica, dilucidar el rol jugado por los civiles en el adoctrinamiento foráneo de las Fuerzas Armadas chilenas, lo cual no quita en ningún caso responsabilidad a los perpetradores de las graves violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar, pero si nos permitiría esclarecer una parte aun oculta de nuestra historia nacional.


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[1] Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, El golpe después del golpe, Leigh vs. Pinochet, Chile 1960-1980, LOM ediciones, Santiago de Chile, Septiembre de 2003, p. 27. 

[2] Los denominados objetivos nacionales variarán de acuerdo al país en el cual se aplica la DOSENA, en el caso de Chile éstos tendrán como parámetros la visión Geopolítica militar de Chile y el patrón de desarrollo aplicado por la dictadura. 

[3] Meneses, Emilio, “Ayuda Económica, Política Exterior y Política de Defensa en Chile, 1943-1973”, en Estudios Públicos, Nº 35, Chile, Invierno de 1989. 

[4] Valdivia, Verónica, Op. Cit., p. 154. 

[5] Pinochet Ugarte, Augusto, Geopolítica, Editorial Andrés Bello, Segunda edición, Santiago de Chile, Enero de 1974, p. 74. 

[6] Corvalán Márquez, Luís, Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Izquierda, Centro y Derecha en la lucha entre los proyectos globales. 1950-2000, Editorial Sudamericana Chilena, Santiago, Chile, 2001, p. 29. 

[7] Para una visión profundizada de los puntos señalados, en Uliánova, Olga, “La Unidad Popular y el Golpe Militar en Chile: percepciones y análisis soviéticos”, en Estudios Públicos, Nº 79, Chile, Invierno de 2000. Ver también la interesante entrevista al General Nikolai Leonov, ex vicedirector de la KGB. Leonov, Nikolai, “La Inteligencia soviética en América Latina durante la guerra fría”, en Estudios Públicos, Nº 73, Chile, Verano de 1999. 

[8] Hobsbawm, Eric, Historia del Siglo XX, Critica, Grupo Editorial Planeta, Tercera Edición, Buenos Aires, Argentina, Mayo de 2002, p. 239. 

[9] Valentín Ferrada, Luís, declaraciones al noticiario Última Mirada de Chilevisión, el 15 de Septiembre del 2004. 

[10] Entre los militares graduados de la US Army School of the Americas, se destacan, entre otros: Hugo Acevedo (DINA), Ernesto Baeza Michelsen, Teniente Coronel Germán Barriga (DINA, encargado de la represión al Partido Socialista), Coronel Pablo Belmar (DINA, Caso Carmelo Soria), Coronel Alfredo Canales, Washington Carrasco Fernández, Teniente Coronel Alfonso Faúndez Norambuena (Villa Grimaldi), Teniente Armando Fernández Larios (DINA, Caravana de la Muerte, Caso Carlos Prats, Caso Orlando Letelier), Humberto Gordon Rubio (ex Director de la CNI), Mayor Carlos Herrera Jiménez (Caso Tucapel Jiménez), Eduardo Iturriaga Neumann (DINA, Comando Paracaidista), Miguel Krassnoff Martchenko (DINA, Comando Paracaidista, Villa Grimaldi, Tres Álamos, Cuatro Álamos, Caso Carmelo Soria), Coronel Jaime Lepe Orellana (DINA, Caso Carmelo Soria), Augusto Lutz, General Odlanier Mena (ex Director de la CNI), Teniente Coronel Manuel Rolando Mosqueira Jarpa (Villa Grimaldi), Coronel Manuel Provis Carrasco (Villa Grimaldi), Mayor Guillermo Humberto Salinas Torres (Caso Carmelo Soria), Carlos Parera Silva (DINA), Rene Patricio Quilhot Palma, Coronel José Zara (DINA, ex Comandante de la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, Caso Carlos Prats).




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